Una visita típicamente colonial
Durante siglos, prácticamente desde la Conquista, Canarias ha sido una tierra singular. Y esa peculiaridad marcó definitivamente las bases del asentamiento español. Los sucesivos gobiernos peninsulares fueron conscientes de que para favorecer el desarrollo económico de las islas, tenían que darles reglas distintas a las del continente. Esto ha sido una constante histórica, hasta hace bien poco.
La visita de la ministra de Fomento a Gran Canaria y La Palma ha despertado una enorme indignación por el uso electoral de un cargo público. Pero no ha sido solo ella, otros políticos de la Metrópolis han hecho lo mismo estos días. Sin ir más lejos, pudimos ver el pasado jueves a Pedro Sánchez agachado haciendo las alfombras de La Orotava. Todo un gesto que se queda en eso, un gesto de cara a la cita del próximo 26 de junio. Ya nos hemos acostumbrado a este tipo de visitas. Vienen a prometer y después nada. Y lo peor es que ahora se han visto obligados a hacer el viaje a la colonia más de lo deseado. En apenas cinco meses de diferencia han tenido que volver y entretanto aquí todo sigue igual, sin soluciones del Estado a los problemas que por su dejadez han permitido. Pero qué vamos a esperar de quienes ni siquiera se han puesto de acuerdo para arreglar los problemas de España. Cuando vivía en Bruselas y por cuestiones vinculadas a mi puesto de trabajo, tuve bastante contacto con otros territorios de ultramar. En esas otras islas lejanas ocurría lo mismo. Venían políticos de la capital a realizar promesas en periodo electoral que luego olvidaban. La diferencia es que allí, a la capital la llaman la Metrópoli y nosotros la Península pero todo huele mucho a colonia, la del S. XIX. Lo lamentable es que ahora, en el siglo XXI, los problemas nuevos que padecen jóvenes de este siglo no se resuelven con viajes de los políticos de la metrópoli. Se resuelven con compromiso y con un profundo conocimiento de la realidad insular del que ellos carecen.
Ahora podemos pedir lo que queramos, la papeleta todo lo aguanta. Pero al día siguiente, el 27 de junio, todo volverá a ser igual para las Islas. Lo hemos vivido hace muy poco. Hasta esta semana que se han acercado a la Colonia a vendernos promesas, que es lo que han dicho sobre Canarias esos políticos en Madrid, aparte de las continuas guerras de poder que les han impedido formar un gobierno estable. Un desgobierno peninsular ha seguido ignorando olímpicamente cuestiones tan evidentes como la lejanía, la fragmentación insular y las dificultades que eso supone para la vida de dos millones de españoles.
España garantiza que todos sus ciudadanos tienen iguales derechos y obligaciones. Cuando hablamos de la sanidad pública de Canarias, de los nuevos hospitales del Sur y del Norte, de las listas de espera y de los recortes en las plantilla; cuando hablamos del cierre del anillo insular, de la ampliación de la autopista del norte y del sur por las insufribles colas que padecen nuestros ciudadanos o de la mejora del aeropuerto Reina Sofía; cuando hablamos de los servicios públicos que tenemos en Tenerife, estamos hablando de las competencias transferidas por un Gobierno que tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos que viven en Canarias la misma calidad de servicios y de vida que existe en otros lugares del Estado. Y esto, claramente, no es así. Y no será porque desde aquí no nos ofrezcamos a aportar soluciones para avanzar. No viajamos a Madrid a mendigar ni a pedir sin mas. Hemos ido y lo seguiremos haciendo para aportar soluciones y sobre todo para que nos traten de la misma manera que lo hacen con otros ciudadanos del territorio peninsular pero con unas necesidades diferentes que parece que siguen sin conocer.
Canarias tiene una financiación ordinaria, como cualquier otra comunidad del Estado. Y luego tiene otra serie de instrumentos financieros (convenios, impuestos propios) que tienen el carácter de financiación excepcional por el hecho de estar donde estamos y de padecer los sobrecostos que supone vivir aquí. Lo que ha hecho este Gobierno peninsular es vaciar un sistema para hacer cargar los costos sobre el otro. O lo que es lo mismo, destrozar la financiación ordinaria para que asumamos el peso de los servicios sobre la parte destinada a la compensación de nuestras desventajas.
Esa política no sólo es injusta, es históricamente incoherente, socialmente discriminatoria y políticamente indigna. No se puede tratar igual a los desiguales. Pero si encima se les trata peor se está cruzando una peligrosa frontera. Canarias ha sido en estos años la comunidad peor financiada del Estado. Es un dato objetivo e indiscutible. Hemos tenido que acudir a Madrid una y otra vez intentando recoger las migajas de unas políticas que nos han quitado, como españoles, casi dos millones diarios, cada año, que tendrían que haberse dedicado a la cobertura de los servicios públicos esenciales de Canarias.
Y es que el problema no está en que los ministros vengan o no vengan, sino en que nos tengan en cuenta o nos ignoren. Y eso no se resuelve con que vengan éstos o aquellos, sino que tiene que ver con que vayamos nosotros. Los gobiernos peninsulares pueden ser de un color o de otro, pero lo único que nos garantiza que nos hagan caso es que este pueblo sea capaz, de una vez por todas, de hacerse respetar. Y eso se consigue a través de la representación política y de la contestación social. Si seguimos aceptando mansamente que nos quiten lo que históricamente ha sido nuestro; si seguimos divididos, jugando al insularismo de acusar a los otros de insularistas y fomentando la división de los canarios que tanto agrada a los de fuera; si ante todo eso seguimos cerrando los ojos, seguimos sin expresar nuestra indignación en las urnas votando por un nacionalismo canario que sea capaz de partirse la cara por todos nosotros, entonces los ministros seguirán viniendo de visita a Canarias, aplaudidos por sus colegas canarios, sumisos y obedientes para cosechar unos cuantos votos, marcharse y volvernos a olvidar hasta dentro de cuatro años. Y la culpa no será de ellos, sino nuestra.