Ilegal, inmoral e insolidario
Cualquiera de nosotros sabe que hay personas con mayor formación que otras. Que hay gente más alta y otros que no lo somos tanto. Y también sabemos que hay personas con necesidades especiales, porque tienen problemas de movilidad o viven con alguna discapacidad física. En ocasiones, para que esas personas puedan desarrollar su vida tenemos que construir rampas de acceso a los edificios para las sillas de ruedas o semáforos con sonido para ayudar los invidentes; reforzar la formación de las personas menos formadas o bajarle o subirle el dobladillo de los pantalones para que les queden bien ajustados. Esas personas no son ni más ni menos que el resto de los ciudadanos. Hay científicos extraordinarios, como fue Stephen Hwaking, y gente normal y corriente que intenta vivir en plenitud. Ocurre que para vivir su vida con normalidad necesitan algunos apoyos especiales.
En el caso de los territorios de un Estado ocurre algo parecido. Hay zonas que poseen más riquezas naturales que otras o que están más industrializadas o tienen mayor renta per cápita. Hay regiones más frías en donde el costo energético es mayor. Hay territorios que tienen acceso al mar y otros no. Hay zonas con agua y zonas secas… En esa diversidad, la tarea del Estado es equilibradora y consiste en crear un marco de justicia social y de solidaridad. Llevar agua donde no hay, energía a dónde se necesita y repartir riqueza en forma de servicios, transportes públicos o sanidad.
Canarias es un territorio europeo que tiene circunstancias muy especiales. Es un archipiélago con quinientos kilómetros de distancia entre las dos islas más lejanas y que se encuentra a casi mil quinientos kilómetros del resto de España. Esas condiciones singulares han sido reconocidas en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea donde se establece el deber de modular políticas especiales adaptadas a la realidad de las regiones ultraperiféricas, llamadas RUP, entre las que está Canarias. Es decir, que las medidas que se toman para los ciudadanos del continente no se pueden aplicar de la misma forma para los ciudadanos que viven en las RUP. Subirnos o bajarnos el dobladillo.
Pero esa consideración no es nueva. De hecho es extremadamente antigua. Desde la época de los Reyes Católicos, las Islas Canarias han sido consideradas de forma distinta a la del resto de España. Para incentivar que se viviera aquí se ofrecieron ventajas económicas y fiscales que compensaran estar tan lejos del resto del país. Las islas se convirtieron en puertos francos, con libertades aduaneras para el comercio y exenciones fiscales, a mediados del siglo diecinueve. Y después tuvieron una Ley de Régimen Económico y Fiscal (REF) en la que se recogían todas esas tradiciones fiscales y económicas.
Todo esa herencia de siglos se la quiere cargar el actual Gobierno peninsular con absoluto desprecio a la historia, a nuestros derechos y a las leyes. Lo que ha planteado el PSOE de Pedro Sánchez, en su actual proyecto de Presupuestos Generales del Estado, es una agresión intolerable e inaceptable para cualquier canario de cualquier ideología. Es ilegal, porque va contra el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley de REF. Es inmoral, porque está tratando de forma injusta a un territorio que padece limitaciones estructurales. Y es insolidario, porque al mismo tiempo que aumenta las inversiones en los territorios más ricos, las reduce en los que, como estas islas, tienen mayores necesidades. El REF establece para el Estado español la obligación de compensar a los dos millones de ciudadanos canarios para intentar igualar sus condiciones de vida a las del resto del país, porque aquí no disfrutamos de los servicios, las conexiones y las sinergias del continente. No es un regalo, ni un privilegio. Es la manera en que, de diferentes formas, España ha cuidado de esta islas para hacer posible el desarrollo de una sociedad próspera. Y a pesar de eso hasta hace pocas décadas teníamos índices de analfabetismo y pobreza extraordinarios. Y hoy mismo, a pesar de haber logrado cotas de desarrollo extraordinarias, seguimos teniendo doscientas mil personas en paro, miles de familias al borde de la exclusión social y un costo de la vida de los más altos del Estado.
Todo esa herencia de siglos se la quiere cargar el actual Gobierno peninsular con absoluto desprecio a la historia, a nuestros derechos y a las leyes.
El desprecio con Canarias es mucho más indignante porque se produce en el mismo momento en que el Gobierno peninsular socialista llena los bolsillos de autonomías como Cataluña, Navarra o Valencia. Las inversiones que se niegan y se recortan en nuestras islas coinciden en el tiempo con el aumento de inversiones en las comunidades más ricas. Sinceramente, no tiene un pase.
Madrid quiere asesinar el REF de Canarias, condenarnos a la pobreza y cargarse nuestra historia. Pero no lo vamos a consentir. Los que no somos la franquicia en las islas del PSOE de Pedro Sánchez, los que no nos tenemos que callar para hacer carrera política, los que sentimos y pensamos en canario, vamos a pelear con uñas y dientes para defender lo nuestro. Por respeto a la herencia de nuestros abuelos y por el futuro de nuestros hijos. Porque lo que quieren hacernos, lo repito, es ilegal, es inmoral y es insolidario.